Antiguamente los maestros eran un referente de
autoridad al que todo alumno debía prestar obediencia absoluta. Incluso eran
los propios padres de los alumnos los que daban permiso a los maestros para
castigar físicamente a sus hijos si estos no hacían la tarea o no se
comportaban correctamente. Junto a los padres, los maestros eran los encargados
de educar a los niños y jóvenes según las creencias e ideales establecidos
socialmente como correctos.
Aunque la violencia no es necesariamente la única de incitar a niños y jóvenes a faltar el respeto o a agredir a sus maestros. También influye el poder que los adultos les otorgan, haciéndoles sentir en todo momento que son intocables y que no pueden tomar represalias contra ellos.
Según
las estadísticas del Defensor del Profesor en el periodo septiembre
2008-febrero 2009, Un 12% del profesorado cree que las grabaciones y fotos en
Internet es uno los principales problemas a los que se tienen que enfrentar,
cifra que aumenta cada año.
Entre un 10 y un 20% de los
factores de riesgo son asociados con la monoparentalidad,
aunque pertenecer a un colectivo social de riesgo no conduce necesariamente a
ser una persona violenta. La existencia, por otro lado, de aulas-gueto, o la falta de estabilidad en los equipos docentes,
acentúan el problema. Por tanto se convierte también en un problema
organizativo.
A efectos legales hoy en día no
existe una igualdad entre profesores y
alumnos que cometen este tipo de agresión o maltrato, aunque muy lentamente la
ley ha ido modificándose en consideración de los profesores como nuevas
víctimas del maltrato escolar. En
diciembre de 2008, la Fiscalía General del Estado mandó una circular a los
fiscales para que considerasen que los profesores de los centros públicos
tienen la condición de autoridad a efectos penales. De ahí que se utilice la
palabra “atentado” cuando es un
alumno el que maltrata a un profesor.
Según el
Código Penal, se considera culpable de
atentado a quien emplee la fuerza o intimide gravemente a "la autoridad, a
sus agentes o funcionarios públicos”
El profesor teóricamente está
protegido por la Ley 18.834, que en
su artículo 84 señala que “los
funcionarios tendrán derecho a ser defendidos y a exigir que la institución a
la que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas
que atenten contra su vida o su integridad corporal, ya sea por el desempeño de
sus funciones, o que los injurien o calumnien en cualquier forma”. Pero en
la práctica El profesorado no dispone de suficiente respaldo ante estas agresiones. Muchos no denuncian para protegerse
de posibles represalias
La conclusión que podemos observar que el maltrato tanto físico como psicológico ha existido durante todas las etapas históricas en el ámbito escolar y sigue existiendo actualmente, aunque con un cambio de papeles. La educación de los niños comienza siempre en casa, y no es responsabilidad del profesor, el cual tiene la función de enseñarle el programa de su asignatura y no normas de convivencia. Dado esto, las leyes deberían endurecerse para los menores, La Justicia debería crear juzgados especializados para tratar los temas de violencia escolar. Y la administración debería dar soluciones efectivas para los escolares que no quieren continuar.
Por otro lado debería existir la contratación
de más personal no docente como mediadores
culturales o educadores sociales y planes específicos, y programas de
cualificación profesional para menores de 16 años.
No
debemos mirar hacia otro lado sea quien sea el maltratador, tenga 15 años o 50,
debemos denunciar este tipo de acoso para reparar el pilar principal de la
enseñanza que actualmente se encuentra inexistente: EL RESPETO MUTUO.
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